:. LEGICOL .: Jurisprudencia Colombiana
 
Legislación Jurisprudencia Conceptos  Todas las palabras Cualquier Palabra
Pagina nueva 1

 

                   Constitucional 

                              Penal 

                              Laboral 
                     Administrativa 
                           Tributaria 
                           Aduanera 
 
:. LEGICOL .: Jurisprudencia Colombiana
 

 

 



Jurisprudencia anterior al año
2014 puede consultarse sin restricciones
 

 

Legicol Ltda.
Teléfonos fijos:
 
(57)(1) 702 8245
(57)(1) 612 6338

Bogota D.C.

Celular
320 995 3781

 

 


Ultimos envíos, Jurisprudencia Laboral

Envio 0009/16. Planteamiento Juridico: Derecho fundamental a la seguridad social, a la vida digna y a la pensión de invalidez y el reconocimiento de las semanas de cotización posteriores a la fecha de estructuración.


Envio 0008/16. Planteamiento Juridico: Tres diferentes tesis se han planteado en relación con la extinción del derecho a las cesantías, bajo el marco de la Ley 50 de 1990; sin embargo, recientemente la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su criterio, luego de exponer estas tres teorías: La primera tesis establece que mientras la relación laboral se encuentre vigente no se produce la extinción de las cesantías, sino que el término prescriptivo empieza a correr a partir de la ruptura del vínculo laboral. Lo anterior se deriva de la interpretación de los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990 que establecen el auxilio de cesantías, así como también de los artículos 25, 53 y 58 de la Constitución Política, que regula el derecho al trabajo, el estatuto del trabajo que expedirá el Congreso y el derecho a la propiedad privada. La segunda teoría indica que se aplica la prescripción extintiva del derecho al transcurrir tres años sin hacer la reclamación, sin consideración a la terminación de la relación laboral El último criterio sostiene que el derecho a las cesantías es imprescriptible, toda vez que las normas que consagran este derecho no establecen un término en que se extinga la obligación para hacerlo efectivo y al ser la prescripción un fenómeno de orden público que extingue derechos su consagración debe ser taxativa. Acorde con lo anterior, la Sala indicó que las cesantías, las cuales constituyen un ahorro del trabajador, pueden ser reclamadas por este en el instante de quedar cesante, toda vez que es la causal principal para el retiro, o incluso en una fecha posterior, sin que haya algún término para retirarlas, por lo que no se puede afirmar que pierde, en virtud del término extintivo, el ahorro efectuado en su trayectoria laboral. Así mismo, cuando la administración no haya dado cumplimiento a los términos legales para la liquidación y/o consignación de las cesantías tampoco podría aplicarse la figura extintiva en perjuicio del trabajador, pues implicaría que el incumplimiento del deber legal por parte del empleador redundaría en su propio beneficio y en contra del empleado, imponiéndole una carga que no tiene por qué soportar, es decir, la extinción de su derecho producto de la negligencia de su empleador. En tal virtud, concluyó que a las cesantías anualizadas, bajo el régimen de la Ley 50 de 1990, no se aplica el fenómeno de prescripción, dado que la obligación de consignar en una fecha específica surge de pleno derecho, el cual le concede al empleador un término para efectuar el depósito en el fondo administrador al que esté afiliado el empleado y la omisión en el cumplimiento de ese término no puede redundar en la afectación de los derechos del empleado


Envio 0007/16. Planteamiento Juridico: La Sección Segunda del Consejo de Estado precisó recientemente que la Ley 91 de 1989 permitió la compatibilidad de la pensión gracia con la pensión de jubilación, pero solo para aquellos docentes vinculados antes del 31 de diciembre de 1980. Lo anterior en razón de verse sometidos al proceso de nacionalización de manera repentina y con la finalidad de compensar la desigualdad de los ingresos que percibían los maestros cuya vinculación obedecía al carácter territorial, municipal, departamental o nacionalizado.


Envio 0006/16. Planteamiento Juridico: Acción de lesividad en contra de acto administrativo que otorga pensión gracia y acto expedido con ocasión a sentencia de tutela reliquida pensión gracia.


Envio 0005/16. Planteamiento Juridico: La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia casó una sentencia en la que un trabajador reclamaba la disminución injustificada del monto de la mesada de la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo, reconocida en un proceso contra el mismo demandando. En su decisión, la corporación aclaró que el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, para que sea procedente, requiere que en ambos procesos judiciales concurran tres requisitos comunes que son: i) Identidad de persona, en tanto debe tratarse del mismo demandante y demandado. ii) Identidad de la cosa pedida, puesto que el objeto o beneficio jurídico solicitado (no el objeto material) debe ser el mismo. iii) Identidad de la causa de pedir, lo que implica que el hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado debe ser el mismo. En el caso bajo examen, si bien es cierto se cumple el requisito de “identidad jurídica de las partes”, pues son los mismos sujetos procesales que intervienen en ambos procesos, no ocurre lo mismo en cuanto a las otras dos exigencias. Precisamente, no hay “identidad de la cosa pedida”, ya que en el primer proceso lo que se reclamó fue el otorgamiento de la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo, en donde, básicamente, el debate giró en torno a verificar si el actor estaba o no expuesto a altas temperaturas. Por el contrario, en el segundo proceso la reclamación gira en torno a la disminución injustificada del monto de la mesada pensional de dicha pensión, que fue reconocida inicialmente a motu proprio por el ISS y luego judicialmente con sentencia.


Envio 0004/16. Planteamiento Juridico: La Corte Suprema de Justicia explicó, al resolver un recurso extraordinario, las diferencias entre los fenómenos jurídicos de caducidad y de prescripción, asegurando que la primera figura tiene un límite temporal de orden público, el cual no puede renunciado y debe ser declarada de oficio por el juez en cualquier caso. En cambio, la prescripción pese a estar sujeta a temporalidad es renunciable, susceptible de interrupción o de suspensión y solo será objeto de pronunciamiento judicial cuando se proponga como excepción de fondo, indicó la Sala de Casación Laboral. Otra discrepancia es que la caducidad está prevista para las acciones adelantadas ante la jurisdicción contenciosa administrativa y la prescripción es propia de los trámites del proceso ordinario laboral, por lo que el fallador debe aplicar las disposiciones adjetivas de acuerdo con la naturaleza del litigio, la jurisdicción y la competencia, y con pleno cumplimento de las formas procesales. No obstante lo anterior, estas figuras fueron establecidas con la finalidad de generar seguridad jurídica de manera que las controversias se cierren e impidan la posibilidad de acudir indefinidamente ante la administración de justicia, por ello ambas están sujetas a un límite temporal. En virtud de ello, la Sala aseguró que estos figuras jurídicas son inaplicables frente a las acciones ordinarias para el reconocimiento de pensión o de su reliquidación por inclusión o exclusión de factores salariales, dado que esa prestación es periódica o de tracto sucesivo. Por tal razón, resulta acertado indicar que las entidades públicas pueden demandar en cualquier tiempo los actos de reconocimiento de prestaciones periódicas, sin que haya lugar a recuperar las prestaciones reconocidas de buena fe.


Envio 0003/16. Planteamiento Juridico: La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia aseguró que resulta irrelevante determinar si un trabajador goza o no de garantía foral por ser miembro de la junta directiva de la organización sindical en el evento que se acuerde dar por terminado el vínculo laboral de mutuo acuerdo. Por ello, el empleador no está en la obligación de obtener la autorización judicial para despedir a su trabajador aforado cuando se ha concertado de manera común finiquitar la relación contractual. Si bien la garantía foral busca impedir que el empleador pueda perturbar indebidamente la acción legítima que la Constitución Política le reconoce a los sindicatos, mediante el despido, el traslado o el desmejoramiento de las condiciones de trabajo, el empleador tiene la obligación de solicitar el permiso judicial excepto cuando este contrato concluya de mutuo acuerdo, explicó la Sala


Envio 0002/16. Planteamiento Juridico: Esta providencia es relevante en: INDEMNIZACIÓN MORATORIA POR NO PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES > PROCEDENCIA - No se genera por la mera declaratoria de existencia de un contrato laboral o por el no pago oportuno de las acreencias laborales, en cada caso es necesario estudiar si la conducta del empleador estuvo o no asistida de buena fe. En los asuntos donde se discute la existencia de un contrato de trabajo, el juez debe auscultar todo el acervo probatorio para llegar a la verdad real y no conformarse con observar solo la forma.


Envio 0001/16. Planteamiento Juridico: La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional ordenó a la E.P.S. Salud Total, pagar la licencia de paternidad a un ciudadano a quien le había negado el derecho bajo el argumento de que no había cotizado la totalidad del tiempo requerido. La Corte determinó que a pesar de que le hizo falta cotizar un mes, la jurisprudencia de esta Corporación, ha establecido que cuando le hubiere faltado al padre cotizar hasta 10 semanas o 2 meses, la EPS deberá proceder al pago total de la licencia.


Envio 0020/15. Planteamiento Juridico: El problema jurídico consistió en «establecer si después de que un afiliado ha recibido la indemnización sustitutiva de pensión de vejez, puede recibir válidamente pensión de vejez, teniendo en cuenta las cotizaciones que sirvieron de base para el cálculo de dicha indemnización. En caso negativo, si hay lugar a reconocer otra indemnización sustitutiva por las semanas cotizadas con posterioridad al momento en que se recibió la primera .Las cotizaciones tenidas en cuenta para el cálculo de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez recibida por el actor (sic), no pueden volver a ser tenidas en cuenta para el reconocimiento de la pensión de vejez deprecada por el mismo.indemnización».


Envio 0019/15. Planteamiento Juridico: La confesión ficta o presunta es una presunción legal que admite prueba en contrario (presunción legal en sentido estricto, "iuris tantum"), por lo que guarda una relación inmediata con las reglas que gobiernan el peso de la prueba en el correspondiente proceso civil…» Según la providencia, para exonerarse de las obligaciones propias del contrato de trabajo de nada sirve la aceptación de la prestación del servicio de manera continua con la sola negativa de la existencia del contrato de trabajo, o la sola afirmación de que se trató de un contrato de distinta naturaleza


Envio 0018/15. Planteamiento Juridico: Que con base en lo consagrado en la cláusula 9ª del contrato de trabajo antes referido, el cual señalaba que el término inicialmente pactado se entendería prorrogado si las partes no manifestaban por escrito su voluntad de no prorrogarlo a más tardar 30 días antes de su vencimiento, el Gerente de la ESE decidió que dicho contrato no se prorrogaría, y así se lo hizo saber a través de escrito del 1º de diciembre de 2014. Que sin embargo, la notificación de la no prórroga del contrato apenas se le hizo el 16 de diciembre de 2014.


Envio 0017/15. Planteamiento Juridico: No puede exigirse a los ciudadanos que acrediten el cumplimiento de los requisitos para acceder a la sustitución pensional con formalidades no consagradas en la normativa vigente.En materia pensional las personas pueden acreditar el cumplimiento de los requisitos en un régimen de libertad probatoria, mediante elementos idóneos, pertinentes, conducentes y legales. Por tanto, la imposición de formas o ritos no consagrados en las normas vigentes implica una limitación a dicha facultad y supone la creación de requisitos extralegales que hacen más dificultoso el acceso a los derechos pensionales. Esto es inconstitucional, porque exigir más supone desplazar la voluntad del legislador y/o el regulador en contravía del principio de legalidad, además de que abre paso a la imposición arbitraria de nuevos requisitos bajo criterios e interpretaciones particulares de los fondos pensionales, sin que los ciudadanos puedan ejercer la defensa de sus derechos adecuadamente


Envio 0016/15. Planteamiento Juridico: En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal consideró que el meollo de la controversia dentro del presente proceso giraba indudablemente en torno a la forma como finalizó el contrato entre las partes, toda vez que la parte actora señalaba que lo fue de manera injusta e imputable al empleador, y la parte demandada afirmaba que se debió a una justa causa, por lo que solicitaba ser exonerada de las consecuencias respectivas.


Envio 0015/15. Planteamiento Juridico: «No quedó establecido en esta instancia, y al contrario de lo que consideró el a quo, fue en cabeza de quien radicaba la culpa de la separación de los cónyuges, pues al actor no le bastaba con afirmar en la demanda que la misma recaía sobre la causante sin demostrarlo dentro del proceso, cuando a él y solo a él le correspondía acreditar el supuesto de hecho de sus pretensiones»


 
 
 
 
     


Legislaciones | Jurisprudencias | Conceptos Aduaneros | Conceptos Tributarios | Nosotros | Ayudas | Rubros | Aviso Legal
s
 

Copyright © 2015 Legicol Ltda. Todos los derechos reservados. web diseñada y administrada  por elsitioUNO