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Ultimos envíos de todas las Jurisprudencias

 

Envio 0001/17 - Jurisprudencia Aduanera
Planteamiento Juridico: Alcance de la obligación aduanera – documentos soporte de las operaciones. Procedimiento administrativo Sancionatorio. Régimen probatorio en materia aduanera


Envio 0007/16 - Jurisprudencia Tributaria
Planteamiento Juridico: Se accede parcialmente a las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por Helicópteros Nacionales de Colombia S.A. - Helicol S.A. contra los actos administrativos por los cuales el municipio de Cúcuta le formuló liquidación oficial de aforo y le impuso sanción por extemporaneidad frente al impuesto de industria y comercio de los periodos fiscales 2002 a 2005, en relación con la prestación del servicio de transporte aéreo en su jurisdicción. Concretamente, se anularon dichos actos en cuanto a las sanciones por extemporaneidad de los periodos 2002 y 2003 y a las liquidaciones de aforo de los años gravables 2004 y 2005.La actuación administrativa que culmina con la sanción por no declarar no es requisito previo para la expedición de la liquidación de aforo, de modo que el hecho de que no se imponga la sanción no constituye un vicio de procedimiento que genere la nulidad del acto liquidatorio.


Envio 0006/16 - Jurisprudencia Tributaria
Planteamiento Juridico: SILENCIO ADMINISTRATIVO EN MATERIA TRIBUTARIA - Tiene efectos positivos en relación con los recursos de reconsideración o reposición / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO - Efectos / PROTOCOLIZACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO - No tiene aplicación en materia tributaria


Envio 0005/16 - Jurisprudencia Tributaria
Planteamiento Juridico: PAZ Y SALVO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES EN DEDUCCIÓN DE SALARIOS - Es requisito para su procedencia / OBLIGACIÓN DE VERIFICACIÓN DE AFILIACIÓN Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES PARA LA PROCEDENCIA DE LA DEDUCCIÓN POR PAGOS A TRABAJADORES INDEPENDIENTES - Se restringe a los contratos de prestación de servicios / ACTIVIDAD MULTINIVEL - Alcance / VENDEDOR INDEPENDIENTE EN EMPRESA MULTINIVEL - Puede ser una persona natural o jurídica


Envio 0004/16 - Jurisprudencia Tributaria
Planteamiento Juridico: ¿Cuál es el término para notificar requerimientos en IVA y retención en la fuente?Se debe comenzar explicando que el propósito del artículo 705-1 del Estatuto Tributario fue unificar el término de fiscalización de la declaración de renta con el del IVA y retención en la fuente del mismo periodo gravable, en el entendido que en la declaración de renta pueden advertirse falencias respecto de las declaraciones de retención en la fuente o de IVA que por efecto del término de presentación del denuncio rentístico (en la siguiente vigencia fiscal a la que se declara) reducen, sin ninguna justificación, el plazo de fiscalización de las declaraciones de IVA y de retención en la fuente, tornándolas inmodificables en un plazo menor al establecido en las normas generales de firmeza, en detrimento de los intereses del Estado.


Envio 0003/16 - Jurisprudencia Tributaria
Planteamiento Juridico: No deben liquidarse intereses de mora sobre sanción por inexactitud.La Sección Cuarta del Consejo de Estado reiteró que desde el año 2011 se ha sostenido que como el artículo 634 del Estatuto Tributario solo prevé la liquidación y pago de intereses moratorios en el pago de impuestos, anticipos y retenciones, no deben liquidarse intereses de mora sobre la sanción por inexactitud, máxime cuando el artículo 670 del referido estatuto no lo estableció así. De esta manera, aunque la sanción por inexactitud hace parte del dinero que debe restituirse, lo cierto es que esta no puede incluirse en la base para liquidar la sanción por devolución o compensación improcedente, por no ser esa la intención del legislador.


Envio 0002/16 - Jurisprudencia Tributaria
Planteamiento Juridico: Pagos laborales a trabajadores en misión no hacen parte de base gravable del impuesto de industria y comercio.El Consejo de Estado afirmó que los ingresos gravables para las empresas de intermediación comercial son los que reciben para sí, puesto que en su calidad de intermediarias reciben también ingresos para terceros, de conformidad con el parágrafo 2º del artículo 33 de la Ley 14 de 1983.Por tal motivo, reiteró que el impuesto de industria y comercio grava los ingresos propios del contribuyente derivados de la realización directa o indirecta de actividades industriales, comerciales o de servicios en las jurisdicciones municipales.


Envio 0001/16 - Jurisprudencia Tributaria
Planteamiento Juridico: Así opera el silencio administrativo positivo frente al recurso de reconsideración.Con base en el artículo 732 del Estatuto Tributario (E.T.), el cual establece que el término para resolver este recurso es de un año, contado desde su interposición en debida forma, la providencia señaló que no es suficiente que dentro de este término sea proferido el acto, sino que se requiere que dentro de este espacio temporal se dé a conocer el acto al interesado mediante la notificación, pues hasta tanto el contribuyente no lo conozca no produce efectos jurídicos.


Envio 0009/16 - Jurisprudencia Laboral
Planteamiento Juridico: Derecho fundamental a la seguridad social, a la vida digna y a la pensión de invalidez y el reconocimiento de las semanas de cotización posteriores a la fecha de estructuración.


Envio 0006/16 - Jurisprudencia Aduanera
Planteamiento Juridico: La aplicación del principio de favorabilidad constituye una manifestación del derecho al debido proceso, al cual tiene derecho cualquier persona y que por mandato del artículo 29, numeral 1, de la Constitución Política se aplica a toda clase de actuaciones administrativas y judiciales, así lo precisó recientemente el Consejo de Estado. De igual forma, acorde con los artículos 512, 513 y 520 de Decreto 2685 de 1999, explicó que si antes de que la entidad aduanera profiera el acto administrativo definitivo que resuelva de fondo o antes de emitir la liquidación oficial de corrección se expide una norma que favorezca al interesado, la autoridad aduanera deberá aplicar el principio de favorabilidad. Es importante resaltar que la anterior disposición de la ley que modificó la legislación aduanera es de obligatoria aplicación, aunque el contribuyente no invoque la aplicación de dicha norma, advirtió la Sección Cuarta. Por otro lado, la corporación agregó que la aplicación de este principio no está limitada a las sanciones, dado que se puede aplicar cuando exista una norma favorable al administrado, que puede ser relativa a sanciones o a tributos aduaneros. Finalmente, indicó que esta figura jurídica es aplicable de oficio, bien sea por la Administración como por la Jurisdicción, toda vez que esta debe garantizar el debido proceso y el derecho de defensa


Envio 0008/16 - Jurisprudencia Laboral
Planteamiento Juridico: Tres diferentes tesis se han planteado en relación con la extinción del derecho a las cesantías, bajo el marco de la Ley 50 de 1990; sin embargo, recientemente la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su criterio, luego de exponer estas tres teorías: La primera tesis establece que mientras la relación laboral se encuentre vigente no se produce la extinción de las cesantías, sino que el término prescriptivo empieza a correr a partir de la ruptura del vínculo laboral. Lo anterior se deriva de la interpretación de los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990 que establecen el auxilio de cesantías, así como también de los artículos 25, 53 y 58 de la Constitución Política, que regula el derecho al trabajo, el estatuto del trabajo que expedirá el Congreso y el derecho a la propiedad privada. La segunda teoría indica que se aplica la prescripción extintiva del derecho al transcurrir tres años sin hacer la reclamación, sin consideración a la terminación de la relación laboral El último criterio sostiene que el derecho a las cesantías es imprescriptible, toda vez que las normas que consagran este derecho no establecen un término en que se extinga la obligación para hacerlo efectivo y al ser la prescripción un fenómeno de orden público que extingue derechos su consagración debe ser taxativa. Acorde con lo anterior, la Sala indicó que las cesantías, las cuales constituyen un ahorro del trabajador, pueden ser reclamadas por este en el instante de quedar cesante, toda vez que es la causal principal para el retiro, o incluso en una fecha posterior, sin que haya algún término para retirarlas, por lo que no se puede afirmar que pierde, en virtud del término extintivo, el ahorro efectuado en su trayectoria laboral. Así mismo, cuando la administración no haya dado cumplimiento a los términos legales para la liquidación y/o consignación de las cesantías tampoco podría aplicarse la figura extintiva en perjuicio del trabajador, pues implicaría que el incumplimiento del deber legal por parte del empleador redundaría en su propio beneficio y en contra del empleado, imponiéndole una carga que no tiene por qué soportar, es decir, la extinción de su derecho producto de la negligencia de su empleador. En tal virtud, concluyó que a las cesantías anualizadas, bajo el régimen de la Ley 50 de 1990, no se aplica el fenómeno de prescripción, dado que la obligación de consignar en una fecha específica surge de pleno derecho, el cual le concede al empleador un término para efectuar el depósito en el fondo administrador al que esté afiliado el empleado y la omisión en el cumplimiento de ese término no puede redundar en la afectación de los derechos del empleado


Envio 0007/16 - Jurisprudencia Laboral
Planteamiento Juridico: La Sección Segunda del Consejo de Estado precisó recientemente que la Ley 91 de 1989 permitió la compatibilidad de la pensión gracia con la pensión de jubilación, pero solo para aquellos docentes vinculados antes del 31 de diciembre de 1980. Lo anterior en razón de verse sometidos al proceso de nacionalización de manera repentina y con la finalidad de compensar la desigualdad de los ingresos que percibían los maestros cuya vinculación obedecía al carácter territorial, municipal, departamental o nacionalizado.


Envio 0006/16 - Jurisprudencia Laboral
Planteamiento Juridico: Acción de lesividad en contra de acto administrativo que otorga pensión gracia y acto expedido con ocasión a sentencia de tutela reliquida pensión gracia.


Envio 0005/16 - Jurisprudencia Laboral
Planteamiento Juridico: La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia casó una sentencia en la que un trabajador reclamaba la disminución injustificada del monto de la mesada de la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo, reconocida en un proceso contra el mismo demandando. En su decisión, la corporación aclaró que el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, para que sea procedente, requiere que en ambos procesos judiciales concurran tres requisitos comunes que son: i) Identidad de persona, en tanto debe tratarse del mismo demandante y demandado. ii) Identidad de la cosa pedida, puesto que el objeto o beneficio jurídico solicitado (no el objeto material) debe ser el mismo. iii) Identidad de la causa de pedir, lo que implica que el hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado debe ser el mismo. En el caso bajo examen, si bien es cierto se cumple el requisito de “identidad jurídica de las partes”, pues son los mismos sujetos procesales que intervienen en ambos procesos, no ocurre lo mismo en cuanto a las otras dos exigencias. Precisamente, no hay “identidad de la cosa pedida”, ya que en el primer proceso lo que se reclamó fue el otorgamiento de la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo, en donde, básicamente, el debate giró en torno a verificar si el actor estaba o no expuesto a altas temperaturas. Por el contrario, en el segundo proceso la reclamación gira en torno a la disminución injustificada del monto de la mesada pensional de dicha pensión, que fue reconocida inicialmente a motu proprio por el ISS y luego judicialmente con sentencia.


Envio 0004/16 - Jurisprudencia Laboral
Planteamiento Juridico: La Corte Suprema de Justicia explicó, al resolver un recurso extraordinario, las diferencias entre los fenómenos jurídicos de caducidad y de prescripción, asegurando que la primera figura tiene un límite temporal de orden público, el cual no puede renunciado y debe ser declarada de oficio por el juez en cualquier caso. En cambio, la prescripción pese a estar sujeta a temporalidad es renunciable, susceptible de interrupción o de suspensión y solo será objeto de pronunciamiento judicial cuando se proponga como excepción de fondo, indicó la Sala de Casación Laboral. Otra discrepancia es que la caducidad está prevista para las acciones adelantadas ante la jurisdicción contenciosa administrativa y la prescripción es propia de los trámites del proceso ordinario laboral, por lo que el fallador debe aplicar las disposiciones adjetivas de acuerdo con la naturaleza del litigio, la jurisdicción y la competencia, y con pleno cumplimento de las formas procesales. No obstante lo anterior, estas figuras fueron establecidas con la finalidad de generar seguridad jurídica de manera que las controversias se cierren e impidan la posibilidad de acudir indefinidamente ante la administración de justicia, por ello ambas están sujetas a un límite temporal. En virtud de ello, la Sala aseguró que estos figuras jurídicas son inaplicables frente a las acciones ordinarias para el reconocimiento de pensión o de su reliquidación por inclusión o exclusión de factores salariales, dado que esa prestación es periódica o de tracto sucesivo. Por tal razón, resulta acertado indicar que las entidades públicas pueden demandar en cualquier tiempo los actos de reconocimiento de prestaciones periódicas, sin que haya lugar a recuperar las prestaciones reconocidas de buena fe.


 
 
 
 

 

   


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