Este Concepto de la DIAN, aborda la aplicación del principio de favorabilidad en materia tributaria, particularmente en lo que respecta a la terminación por mutuo acuerdo.
La DIAN aclara que, en la actualidad, no existe una norma especial que regule o restrinja la aplicación de este principio en los casos de terminación por mutuo acuerdo, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores. Esto implica que, si en un proceso administrativo tributario susceptible de terminación por mutuo acuerdo se presenta un tránsito normativo sancionatorio favorable, la Administración debe reconocer dicha favorabilidad, incluso si el beneficio no está expresamente previsto en una norma especial de terminación.
El documento subraya que el principio de favorabilidad tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Carta Política, que consagra el derecho fundamental al debido proceso. Este principio se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y establece que, en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. La Corte Constitucional ha precisado que el ius puniendi estatal comprende tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador, y que, por consiguiente, las garantías mínimas del debido proceso penal –como la favorabilidad– resultan aplicables también a las actuaciones de las autoridades administrativas que ejercen potestades sancionatorias.
En conclusión, la DIAN establece que la doctrina vigente admite la aplicación del principio de favorabilidad en las terminaciones por mutuo acuerdo de procesos tributarios. Dado que hoy no subsiste restricción legal especial que limite su operatividad, debe aplicarse a estos mecanismos de terminación anticipada, siempre que la nueva disposición se encuentre vigente y el acta de terminación no se haya ejecutoriado. Las posiciones doctrinarias anteriores que negaban la aplicación de la favorabilidad en estos casos respondían a un contexto normativo ya superado, en el cual el legislador y el Gobierno habían fijado expresamente términos y condiciones excluyentes para acceder a los beneficios...