La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 24 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca, Subsección B, que accedió a las pretensiones de la demanda y en su parte resolutiva dispuso:
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 20 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió (índice 2):
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del 20 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda y no accedió a la condena en costas
Conforme a la adecuación de trámite dispuesta por el Auto del 14 de julio de 20201 y en ejercicio de la competencia atribuida por el numeral 1 del artículo 149 del CPACA, corresponde a la Sala decidir sobre la nulidad parcial del Concepto 100208221-469 del 23 de abril de 2020, que instruyó a los agentes de retención del impuesto solidario por el COVID 19, sobre la aplicación del Decreto Legislativo 568 de 20203 , con los siguientes señalamientos:
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia del 12 de agosto del 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B1 , que resolvió lo siguiente:
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 31 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que resolvió1:
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 26 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que resolvió1: PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por la sociedad FOGEL ANDINA SAS contra la DIAN.
Mediante auto N° 400-016727 de 14 de octubre de 2011, la Superintendencia de Sociedades admitió a PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. PROCEAL S.A, en adelante PROCEAL, en el proceso de reorganización empresarial, de conformidad con la Ley 1116 de 2006. Por auto N° 400-007201 de 17 de julio de 2012, la Superintendencia reconoció a la DIAN como acreedora fiscal de primera clase.
Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones (ff. 3 y 4):
Impuesto de industria y comercio. Silencio administrativo positivo- Alcance La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia del 03 de diciembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que dispuso1 :
Renta año gravable 2011. Desconocimiento de costos. Inexistencia y simulación de operaciones de compra.
Impuesto sobre las ventas primer bimestre del año 2013. Devolución saldos a favor. Requisitos de la factura. IVA en materiales de construcción de viviendas de interés social.
Procedimiento. Imputación de saldos a favor. Término. Corrección de la declaración. Artículo 43 de la Ley 962 de 2005. Sentencia de unificación jurisprudencial.