Decreto 0768 del 7 de julio de 2025, expedido por el Presidente de Colombia. Agrega un nuevo capítulo (XVIII) al Decreto 1070 de 2015, que regula el sector administrativo de defensa, para actualizar las normas sobre seguridad y convivencia ciudadana, basadas en la Ley 1801 de 2016.
En resumen, el decreto busca mejorar la convivencia y seguridad ciudadana en Colombia, estableciendo un "Proceso Único de Policía" para resolver conflictos de manera más eficiente y justa. Se centra en la prevención y el restablecimiento de la convivencia, priorizando la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas.
El decreto define los principios y procedimientos del proceso único de policía, incluyendo:
Alcance y Autonomía: A quiénes aplica y cómo funciona de forma independiente del derecho administrativo tradicional.
Objetivo y Principios: Su meta es restablecer la convivencia y el orden público, usando métodos de protección, restauración, educación y prevención. Se destacan principios como la protección de la vida y la dignidad humana, el debido proceso, y el respeto a la diversidad.
Acción de Policía: Define cómo se aplica la acción de policía, aclarando que no se pueden iniciar procesos de investigación sin identificar a los responsables. Procedimiento: Describe el proceso, incluyendo las etapas de quejas y querellas, la presentación de pruebas, y la imposición de medidas correctivas (multas, reparación de daños, trabajo comunitario, etc.).
Deberes de las autoridades: Define las obligaciones de los alcaldes y otras autoridades para colaborar en la implementación del proceso único de policía.
Derechos y Deberes: Establece algunos derechos y deberes ciudadanos relacionados con la privacidad de la vivienda y la propiedad horizontal. Manejo de Caninos: Regula el registro y manejo de perros de razas potencialmente peligrosas.
En general, el decreto busca modernizar el sistema de policía en Colombia, haciéndolo más eficiente, justo y respetuoso de los derechos humanos, con un enfoque preventivo y en la protección de la convivencia ciudadana. Se basa en la Ley 1801 de 2016 y otras leyes relacionadas con la seguridad y convivencia, actualizándolas y armonizándolas...