Este decreto, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, modifica el Decreto 1068 de 2015. Tiene por objeto reclasificar las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito.
El decreto se fundamenta en el artículo 53 de la Ley 454 de 1998, que enfatiza la necesidad de un marco regulatorio para las organizaciones de la economía solidaria, en particular las que prestan servicios de ahorro y crédito. Se alinea con la hoja de ruta para el sector de ahorro y crédito de la economía solidaria, publicada por la Unidad Administrativa Especial, Unidad de Estudios de Proyección Normativa y Regulación Financiera (URF) en septiembre de 2022.
Reconoce la importancia de implementar un esquema regulatorio prudencial para las cooperativas que realizan actividades financieras, vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Introduce un nuevo esquema de regulación prudencial para las cooperativas, en función de su tamaño, complejidad y exposición al riesgo. Establece categorías para las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, en función de sus activos totales. Establece reglas y criterios para clasificar a las cooperativas en estas categorías.
El decreto adopta un enfoque gradual para implementar el nuevo esquema de regulación prudencial. Define tres categorías para las cooperativas: básica, intermedia y completa, en función de sus activos totales expresados en Unidades de Valor Real (UVR), describe los criterios para reclasificar a las cooperativas entre categorías en función de sus niveles de activos durante un período de tres años.
El decreto no incluye ningún diseño experimental ni resultados. Tiene como objetivo fortalecer el marco regulatorio para las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito. Enfatiza la importancia de un esquema regulatorio prudencial que sea proporcional al tamaño y complejidad de estas organizaciones. El decreto promueve la transparencia y la rendición de cuentas en el sector, garantizando la estabilidad y sostenibilidad de estas instituciones.
El decreto obliga a la Superintendencia de la Economía Solidaria a revisar y actualizar periódicamente la clasificación de las cooperativas. También exige que la Superintendencia emita instrucciones para implementar el nuevo esquema de regulación prudencial en todas las categorías de cooperativas...